Resumen
La Unidad de Información Financiera reforzó los controles aplicables al sector inmobiliario mediante una nueva normativa que alcanza a todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país. La medida incorpora un enfoque basado en riesgos y establece nuevas alertas orientadas a facilitar la detección de operaciones sospechosas. El cambio resulta relevante para empresas, profesionales y PyMEs vinculadas con compraventas, alquileres e inversiones inmobiliarias.
Resumen ejecutivo
La nueva regulación de la UIF amplía el alcance de los controles sobre las operaciones registradas en el mercado inmobiliario argentino. Todos los Registros de la Propiedad Inmueble deberán aplicar un esquema basado en riesgos para identificar señales que puedan indicar movimientos sospechosos. Para las PyMEs, el escenario plantea la necesidad de revisar procesos, documentación y criterios internos de cumplimiento.
Impacto para las PyMEs
La decisión fortalece el seguimiento de las operaciones inmobiliarias y modifica el marco en el que se desarrollan distintas actividades empresariales. El alcance nacional de la normativa implica que el control no queda limitado a una jurisdicción o a determinados mercados, sino que comprende a todos los Registros de la Propiedad Inmueble del país.
El enfoque basado en riesgos supone que la revisión de las operaciones debe concentrarse especialmente en aquellas circunstancias que presenten características inusuales o que requieran un análisis adicional. La información disponible no detalla en la comunicación original cuáles son los parámetros específicos de cada alerta, pero confirma que la UIF incorporó nuevas señales para detectar operaciones sospechosas.
Para una PyME que interviene en el mercado inmobiliario de manera directa o indirecta, esto puede traducirse en una mayor importancia de los procedimientos de identificación, registro y conservación de información. También puede aumentar la necesidad de coordinar tareas entre las áreas comerciales, administrativas, contables y legales, especialmente cuando una operación involucra varios participantes.
El impacto no se limita a las inmobiliarias. También puede alcanzar a empresas que compran, venden o administran inmuebles como parte de su actividad, a desarrolladoras de menor escala, a estudios profesionales y a firmas que utilizan activos inmobiliarios dentro de sus decisiones de inversión. En todos los casos, la trazabilidad de las operaciones adquiere un valor central.
Qué hacer ahora
Las empresas deberían comenzar por relevar cómo documentan actualmente sus operaciones inmobiliarias y qué controles aplican antes de avanzar con una transacción. El objetivo no es incorporar procesos innecesarios, sino detectar posibles brechas frente al nuevo esquema de alertas y al criterio de evaluación basado en riesgos.
Entre las medidas de gestión que pueden resultar útiles se encuentran:
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Revisar la documentación que respalda el origen y el destino de los fondos involucrados.
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Ordenar los registros internos relacionados con compradores, vendedores, representantes y terceros intervinientes.
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Definir responsables para analizar operaciones que presenten características inusuales.
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Conservar evidencia suficiente de los controles realizados y de las decisiones adoptadas.
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Consultar con asesores especializados cuando la operación tenga una estructura compleja o involucre múltiples partes.
Estas acciones deben adecuarse al tamaño, la actividad y el nivel de exposición de cada empresa. La normativa incorpora un criterio de riesgo, por lo que no todas las operaciones necesariamente demandarán el mismo nivel de revisión.
Consejo RadarPyME
La incorporación de nuevas alertas por parte de la UIF representa una señal para profesionalizar los procesos de cumplimiento dentro de las PyMEs. Las empresas que participan en operaciones inmobiliarias deberían evitar esperar a que surja un requerimiento para ordenar su información. Contar con expedientes completos, criterios documentados y responsables definidos puede reducir demoras, facilitar respuestas y mejorar la transparencia de la gestión.
Antes de cerrar operaciones relevantes, resulta conveniente revisar el procedimiento interno con un contador, abogado o especialista en prevención de lavado de activos. La nueva normativa exige atención a los riesgos específicos de cada caso y vuelve más importante que las decisiones comerciales estén acompañadas por controles proporcionales y verificables.
Fuente: Ámbito
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